Comisión aprueba aumento de pensión a S/3.300 para maestros jubilados y cesantes

La Comisión de Economía del Congreso ha dado luz verde a una propuesta que busca dignificar la vida de los docentes jubilados y cesantes del país, elevando su pensión mensual hasta S/3.300, en proporción a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) que perciben los docentes activos en la primera escala magisterial. Actualmente, muchos de estos maestros reciben pensiones tan bajas como S/800, monto que resulta insuficiente frente al costo de vida actual.

¿A quiénes beneficiaría este incremento?

La iniciativa contempla a los maestros retirados de la educación básica regular, alternativa y especial, incluyendo tanto a los afiliados a los Decretos Leyes 19990 y 20530, como a los docentes comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944). También se incluye a los docentes del Sistema Privado de Pensiones (SPP), cuyos fondos son administrados por AFP.

Objetivo de la medida: justicia, equidad y bienestar

El dictamen señala que el propósito de esta propuesta es garantizar pensiones justas y proporcionales al esfuerzo y la trayectoria profesional de quienes contribuyeron a formar generaciones enteras de peruanos. Se busca asegurar que los docentes retirados puedan cubrir sus necesidades básicas, disfrutar de una vida digna y tener una protección social adecuada, especialmente en sus años de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la Comisión resalta que este ajuste responde al principio de progresividad, promoviendo una política pública más equitativa y reconociendo el impacto histórico del magisterio en el desarrollo nacional.

Costos estimados y fuente de financiamiento

Según las estimaciones presentadas, actualmente hay alrededor de 162 mil maestros jubilados que perciben pensiones bajas. Con el incremento a S/3.300, el gasto anual del Estado pasaría de S/1.555 millones a aproximadamente S/6.415 millones. Sin embargo, la Comisión ha defendido la viabilidad económica del proyecto, señalando que no generaría un impacto directo en el presupuesto nacional.

El financiamiento se obtendría mediante impuestos específicos, como los cobrados a las instituciones educativas privadas y el impuesto a la quinta categoría que actualmente pagan los docentes en actividad. Según los miembros de la Comisión, esto permitiría redistribuir recursos sin comprometer otros sectores.

Posturas en contra

A pesar del respaldo en la Comisión, el proyecto ha recibido críticas de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El MEF sostiene que no existe un estudio técnico de costo-beneficio que garantice la sostenibilidad financiera del aumento. El MINEDU, por su parte, advierte que la propuesta va contra la normativa vigente, la cual prohíbe nivelar las pensiones con las remuneraciones de los trabajadores activos, tal como lo establece la Ley 28449.

El MTPE también se ha pronunciado en contra, indicando que no se ha realizado un análisis profundo sobre las implicancias financieras de la medida.

Argumentos a favor desde lo social y económico

La Comisión de Economía ha respondido a estas objeciones argumentando que negar una pensión digna a los maestros retirados implica desconocer su aporte al país y atenta contra su bienestar emocional y físico. Además, se destaca que una mejora en sus ingresos podría generar un efecto multiplicador en la economía, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales donde residen la mayoría de estos docentes.

Desde esta perspectiva, la inversión en pensiones no solo tiene un componente ético, sino también un impacto positivo en el consumo interno, ya que el gasto público en pensiones dinamiza las economías locales y contribuye a reducir la desigualdad.

Próximos pasos

El dictamen ahora deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, marcaría un hito en el reconocimiento económico y social a miles de maestros que, durante décadas, han sostenido la educación pública del Perú. La discusión promete continuar siendo intensa, con posiciones encontradas entre el sentido de justicia social y las limitaciones del marco legal y fiscal.