octubre 17, 2025
En medio del incremento de la inseguridad que afecta a todo el país, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), ha presentado una propuesta legislativa que plantea autorizar a los contribuyentes a deducir del impuesto a la renta los montos que hayan pagado por extorsión.
La medida surge en un contexto en el que cientos de empresarios, comerciantes y emprendedores denuncian haber sido víctimas de amenazas y cobros ilegales, especialmente en regiones del norte y oriente del Perú. El parlamentario sostiene que esta situación impacta gravemente en la economía formal y en la recaudación fiscal, ya que muchos negocios terminan cerrando por miedo o trasladándose a la informalidad.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
De acuerdo con el documento presentado el martes 14 de octubre, las personas afectadas por extorsiones podrán acreditar sus pérdidas mediante una declaración jurada, en lugar de iniciar un proceso judicial que podría exponerlas a nuevos riesgos.
No obstante, si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detecta que el contribuyente ha entregado información falsa, podrá presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público por falsedad en la declaración.
La iniciativa busca modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, de modo que los pagos por extorsión sean considerados “pérdidas extraordinarias” y, por tanto, deducibles del impuesto.
Para ello, las víctimas deberán presentar una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente, acompañada de los medios probatorios que sustenten el hecho delictivo.
Argumentos del autor
El congresista Cordero Jon Tay explicó que la propuesta pretende crear un procedimiento rápido, seguro y confidencial para que las víctimas puedan justificar ante la Sunat las pérdidas económicas ocasionadas por las extorsiones.
“De esta manera, se protege la vida e integridad de los contribuyentes y sus familias, al mismo tiempo que se les permite reflejar de forma más justa las pérdidas reales en sus declaraciones tributarias”, señala el documento en su exposición de motivos.
El legislador añade que la medida busca que el sistema tributario refleje la verdadera capacidad económica de las personas afectadas, evitando que paguen impuestos sobre ganancias ficticias o inexistentes, y promoviendo los principios de justicia y equidad tributaria.
Opiniones y controversias
Aunque el proyecto parte de una realidad preocupante —la creciente ola de extorsiones que golpea al sector productivo—, algunos especialistas en derecho tributario y seguridad ciudadana han mostrado reservas frente a la iniciativa.
Por un lado, se advierte que podría normalizar el pago de extorsiones, al reconocerlo como un gasto deducible en lugar de fortalecer las medidas de prevención y denuncia. Además, se cuestiona cómo se verificará la autenticidad de los casos, ya que bastaría con una declaración jurada para solicitar la deducción.
Sin embargo, los defensores del proyecto sostienen que la medida no busca legitimar el delito, sino ofrecer un mecanismo temporal y de emergencia para las personas que no cuentan con apoyo policial ni protección efectiva del Estado.
Contexto actual de la extorsión en el Perú
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos en el país. Según cifras de la Policía Nacional, en los últimos años se ha registrado un aumento considerable de denuncias, sobre todo en regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.
Pequeños comerciantes, transportistas y empresarios del rubro de la construcción son los más afectados. En muchos casos, los delincuentes exigen pagos periódicos bajo amenazas de muerte, incendios o atentados contra sus negocios.
Este panorama ha generado temor generalizado y pérdida de inversión, lo que afecta directamente el empleo formal y el crecimiento económico local.
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