agosto 08, 2026
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Gobierno ha identificado cuatro normas que considera especialmente perjudiciales para las finanzas del Estado.
Entre ellas se encuentran las leyes relacionadas con las gratificaciones de los trabajadores CAS y el CAFAE, mientras que las normas vinculadas con las pensiones de maestros, militares y policías también serán cuestionadas por el impacto que podrían generar en el presupuesto público.
Según explicó el ministro, estas cuatro normas fueron seleccionadas entre varias disposiciones aprobadas por el anterior Congreso debido a que podrían representar un importante costo para el Estado y contribuir al aumento de la deuda pública durante los próximos años.
El Gobierno considera, además, que estas normas presentarían problemas de constitucionalidad, por lo que se evalúa recurrir a las instancias correspondientes para solicitar su revisión.
El ministro de Economía señaló que, desde su perspectiva, las normas cuestionadas generan nuevos gastos para el Estado, una facultad que considera corresponde al Poder Ejecutivo.
Cuba recordó que el anterior Congreso aprobó este tipo de medidas basándose en una interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2022, que habría permitido al Legislativo impulsar iniciativas con impacto económico.
“El Congreso no tiene iniciativa de gasto. La administración de los recursos públicos corresponde al Ejecutivo”, sostuvo el ministro.
Pensiones de maestros y militares serían cuestionadas ante el TC
Elmer Cuba también aclaró que las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las normas sobre pensiones de maestros jubilados, militares y policías no serán impulsadas directamente por el MEF.
Según precisó, estas demandas ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, que busca que dichas normas sean evaluadas por el Tribunal Constitucional.
El Consejo Fiscal había advertido anteriormente que las leyes aprobadas por el Congreso podrían generar nuevos compromisos permanentes para el Estado por aproximadamente S/ 11 400 millones al año, sin considerar otras iniciativas que todavía estaban pendientes de aprobación.
En el caso de la ley que modifica las pensiones de los maestros jubilados, se plantea que estos reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala de la carrera magisterial.
Esta remuneración se ubica alrededor de los S/ 3.500 mensuales, por lo que la norma toma como referencia el sueldo de un docente activo de esa categoría para calcular la pensión.
Según el Consejo Fiscal, esta medida tendría un costo de al menos S/ 8.000 millones anuales.
En tanto, la reforma del régimen pensionario de militares y policías tendría un impacto fiscal neto estimado en S/ 46.000 millones en valor presente.
MEF cuestionará ante el TC las leyes sobre gratificaciones CAS y CAFAE
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara acciones de inconstitucionalidad contra dos normas que amplían beneficios para trabajadores del sector público bajo los regímenes CAS y 276, según informó el ministro de Economía, Elmer Cuba.
En el caso del CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo), una de las normas cuestionadas establece la homologación del incentivo único que reciben los trabajadores del régimen 276 de los gobiernos regionales.
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Fiscal, esta medida podría representar un gasto adicional de aproximadamente S/ 2 621 millones cada año para el Estado.
Por otro lado, el MEF también cuestionará la Ley N.° 32563, que reconoce a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
El pago de las gratificaciones se realizará de manera progresiva. Durante 2026, el beneficio será equivalente al 10 % de la remuneración mensual y aumentará gradualmente hasta llegar al 100 % en 2030.
Según el Consejo Fiscal, la ampliación de estos beneficios laborales para los trabajadores CAS podría generar un impacto de aproximadamente S/ 3 000 millones anuales en las cuentas del Estado.
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