julio 28, 2025
El Congreso de la República ha aprobado un nuevo crédito suplementario presentado por el Poder Ejecutivo, al cual se le han incorporado disposiciones adicionales, entre ellas la que garantiza el pago del bono extraordinario de S/1.560 para el personal administrativo del Ministerio de Educación (Minedu).
Esta medida, contemplada en la octava disposición complementaria final del dictamen, permite a los Gobiernos Regionales, de manera excepcional, realizar modificaciones en la clasificación del gasto, específicamente en el rubro 2.5.6 1.1 1, denominado “Gastos por implementación de la negociación colectiva - Nivel descentralizado por entidad pública”. Dichas modificaciones podrán aplicarse dentro de una misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestal, con el fin de financiar los convenios colectivos suscritos durante el 2023.
En ese sentido, el beneficio económico de S/1.560 podrá ser destinado al personal administrativo del Minedu bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, incluyendo a trabajadores de direcciones regionales de Educación, UGEL, instituciones educativas, institutos y escuelas públicas de educación superior. Cabe resaltar que este pago ha sufrido retrasos, por lo que su implementación en el presente año responde al cumplimiento de compromisos asumidos en la negociación colectiva.
El bono de S/1.560 dirigido al personal administrativo del Ministerio de Educación (Minedu) ha dado un paso clave hacia su implementación, tras meses de incertidumbre. Este beneficio fue pactado en el Convenio Colectivo suscrito el 2 de agosto de 2023 entre el Minedu y diversas organizaciones sindicales, entre ellas Contase, Confesadep, Fenutrasep y Fenasierprose, con la proyección de ser entregado en el último trimestre de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, no se había concretado su pago.
En los últimos meses, los gremios sostuvieron reuniones con el Ministerio de Educación, logrando que se reprogramara el abono del bono para fines de 2025. A pesar del acuerdo, el proceso de viabilización presupuestaria aún no mostraba avances visibles.
La situación cambió recientemente con la aprobación del crédito suplementario impulsado por el Ejecutivo. Durante el debate en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el tema del bono fue mencionado, aunque inicialmente no se incluyó en el dictamen. No obstante, en la versión final aprobada por el Pleno del Congreso, se incorporó una disposición que podría destrabar el proceso y permitir el desembolso del bono este mismo año.
Norma incluye financiamiento para convenios colectivos pendientes
La clave se encuentra en la octava disposición complementaria final de la nueva Ley de crédito suplementario, la cual establece que podrán financiarse convenios colectivos firmados durante 2023, en el marco de la Ley N.º 31188, que regula la negociación colectiva en el sector público a nivel descentralizado.
Esta medida permite a los Gobiernos Regionales modificar partidas presupuestarias dentro de sus unidades ejecutoras para destinar recursos a estos compromisos laborales, incluyendo bonos y aumentos aún pendientes de pago.
Aunque la norma abre una vía para que se cumplan obligaciones rezagadas, su ejecución dependerá de ciertos criterios. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá emitir una opinión favorable previa, siempre que se demuestre que no existe otra fuente de financiamiento para cubrir dichos compromisos. Además, la solicitud respectiva deberá presentarse al MEF como fecha límite hasta el 29 de agosto de 2025.
Asimismo, se establece una excepción a la prohibición vigente en el presupuesto de 2025 que impedía otorgar nuevos bonos o incrementos, conforme al artículo 9 de la Ley N.º 32185. Esto permitirá que los convenios colectivos firmados en 2023 puedan ser finalmente implementados.
En resumen, el bono de S/1.560 para el personal administrativo del Minedu tiene ahora una ruta legal y presupuestal para ser entregado este año, tras una larga espera y gestión sindical constante. Sin embargo, su materialización aún dependerá de los trámites y validaciones que cada entidad debe realizar ante el MEF.
